La entrevista a Anahí Tanguikian fue realizada en el programa “En la Misma Vereda”, que se emite los sábados de 10 a 12 por FM del Sol 100.7 de Mar del Plata, en el marco de la cobertura y análisis de la presentación del informe.
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La presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Mar del Plata analizó los principales datos relevados y puso el foco en las situaciones de violencia institucional y vulneración de derechos que atraviesan distintos sectores de la sociedad.
La presentación se realizó en el aula Silvia Filler del Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y contó con la participación de organismos de derechos humanos, entre ellos la APDH local.
“El informe trata de lo que tiene que ver con los lugares de encierro, básicamente, pero también sobre el recrudecimiento que hay en las manifestaciones”, explicó Tanguikian durante la entrevista.
La dirigente señaló que la Comisión Provincial por la Memoria forma parte del sistema nacional de prevención de la tortura, en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, y destacó la importancia del monitoreo que realizan estos organismos sobre las instituciones estatales.
Detenciones y selectividad
Uno de los aspectos que destacó Tanguikian está relacionado con las intervenciones de las fuerzas de seguridad y el denominado “control de la calle”.
Según los datos mencionados durante la entrevista, de cada diez denuncias o detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad, aproximadamente nueve son posteriormente rechazadas por el Ministerio Público Fiscal.
Para la presidenta de la APDH, esta situación evidencia una utilización de criterios de selectividad y estigmatización.
“Se está deteniendo a personas por delitos que no existieron”, sostuvo, y señaló que en determinados operativos pueden intervenir criterios vinculados con el rostro, la vestimenta, la condición social o el color de piel.
En este sentido, consideró que existe una selección de determinados sectores de la población que quedan particularmente expuestos a los controles y a las intervenciones de las fuerzas de seguridad.
La situación de las patrullas municipales
Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la actuación de las patrullas municipales y, particularmente, las intervenciones realizadas en General Pueyrredon.
Tanguikian cuestionó las prácticas que, según sostuvo, han sido denunciadas ante la Comisión Provincial por la Memoria y los organismos de derechos humanos.
“Esto está denunciado, está en la Fiscalía 12, que tiene que ver con los delitos vinculados a las fuerzas de seguridad”, explicó.
También hizo referencia a la situación de las personas en situación de calle y de quienes trabajan como cuidacoches, sectores que, según manifestó, son frecuentemente objeto de operativos.
De acuerdo con los datos del informe citados durante la entrevista, las patrullas municipales registraron 1.643 hechos de violencia policial que tuvieron como víctimas a 641 personas.
Para Tanguikian, las patrullas municipales no cuentan con las facultades propias de las fuerzas de seguridad para realizar determinadas intervenciones y cuestionó la modalidad mediante la cual, según afirmó, son acompañadas por efectivos de la Policía Bonaerense.
“No podemos mirar para otro lado”
La presidenta de la APDH también llamó a evitar la estigmatización de las personas que trabajan como cuidacoches o que se encuentran en situación de calle.
En ese sentido, relató el caso de un trabajador que encontró una cartera con dinero destinado a un tratamiento médico y logró localizar a su propietaria para devolvérsela.
“Esas partes por ahí no se conocen”, señaló, al referirse a las historias cotidianas que quedan invisibilizadas detrás de las generalizaciones.
Tanguikian sostuvo que la situación de las personas en calle requiere una intervención integral del Estado, especialmente porque muchas de ellas atraviesan problemas vinculados con la salud mental, los consumos problemáticos o situaciones de vulnerabilidad social.
También recordó el caso de un hombre que murió de frío y que, según el relato de vecinos, tenía temor de la patrulla municipal debido a episodios previos de violencia.
“Él muere en el garage de uno de los vecinos, que le da refugio”, relató.
Niñez, salud mental y lugares de encierro
El informe presentado por la Comisión Provincial por la Memoria no se limita a las políticas de seguridad. También aborda las condiciones existentes en cárceles, neuropsiquiátricos y dispositivos destinados a niños, niñas y adolescentes.
Tanguikian destacó especialmente los datos relacionados con las instituciones de protección de la niñez.
Según los datos mencionados en la entrevista, durante 19 inspecciones se identificaron 40 víctimas, mientras que fueron relevados 70 hechos en casas de abrigo, 34 en hogares convivenciales y 14 en hogares convivenciales oficiales.
“Estamos hablando de niños que ya están vulnerados”, remarcó.
Para la dirigente, la gravedad de estas situaciones exige que las autoridades políticas y judiciales presten atención a los resultados del informe.
Una interpelación al poder político y judicial
Tanguikian explicó que el informe es presentado ante el Poder Político y el Poder Judicial y que constituye mucho más que una recopilación estadística.
“Es una interpelación al Poder Político y al Poder Judicial”, afirmó.
La Comisión Provincial por la Memoria, explicó, realiza además denuncias específicas cuando durante sus monitoreos detecta situaciones de vulneración de derechos, aportando las pruebas correspondientes a la Justicia.
Sin embargo, advirtió que muchas de esas presentaciones no prosperan.
“Estamos hablando de cosas elementales que tienen que ver con la integridad física y psíquica de personas y de niños, niñas y adolescentes”, sostuvo.
Finalmente, Tanguikian cuestionó que la agenda pública quede muchas veces concentrada en disputas políticas mientras permanecen sin respuesta situaciones que considera urgentes.
“Me parece que a veces miramos los noticieros y le estamos errando a dónde están los problemas reales de esta sociedad, los urgentes”, afirmó.
El 20° Informe Anual sobre el Sistema de la Crueldad vuelve así a poner en discusión las condiciones de encierro, las políticas de seguridad, la violencia institucional y la protección de derechos en la provincia de Buenos Aires, al tiempo que reclama respuestas concretas de los organismos responsables de garantizar esos derechos.
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